La explotación de recursos naturales tanto en minería, como en proyectos hidrocarburíferos, genera desafíos de base social y ambiental. En el caso ecuatoriano, la industria extractiva es posiblemente el ámbito de mayor controversia y polémica, al ser considerado un país referente en diversidad cultural y biodiversidad. En este contexto, la integración de comunidades alrededor de iniciativas extractivas emerge como un elemento crucial para lograr un equilibrio sostenible entre el “progreso económico” y la preservación del tejido social y ambiental.
Insertarse al desarrollo a partir de proyectos extractivos implica que los territorios, tradiciones y conocimientos ancestrales de comunidades indígenas y locales sean respetados. Entendiendo, además, que cada comunidad posee su propia historia, cultura y una relación única con su territorio, fomentar espacios participativos entre las empresas y las comunidades permite y abre un diálogo donde se pueden compartir conocimientos, percepciones y preocupaciones sobre asuntos que afectan directamente las vidas y entornos de las personas.
La Consulta libre, previa e informada “es un derecho colectivo reconocido por múltiples organismos que permite alcanzar el desarrollo sustentable de los pueblos, entendido el desarrollo sostenible como la aspiración profunda de un pueblo a vivir en armonía con sus territorios. Los territorios son la diversidad, sabiduría y vida de los pueblos indígenas, per se valiosos para la humanidad en la construcción de una civilización planetaria”. (Abad, 2016). Otorgar a las personas voz y voto, no solo se convierte en un acto de justicia social, sino que también contribuye a la legitimidad y aceptación de las empresas extractivas, reduce posibles conflictos y tensiones.
Incluir a las comunidades desde las etapas iniciales de planificación y toma de decisiones no solo respeta sus derechos, sino que proporciona una perspectiva más amplia sobre cómo minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios, garantizando que estos se mantengan en el tiempo. Mantener la transparencia en la comunicación entre las empresas y las comunidades es un pilar esencial para construir la confianza mutua. La divulgación clara de información sobre los impactos previstos, los planes de mitigación y los beneficios económicos y sociales esperados es decisivo para que las comunidades comprendan y acepten la presencia de proyectos extractivos en sus regiones. Esto fortalece la relación entre ambas partes y también empodera a las comunidades al permitirles tomar decisiones informadas sobre su futuro con el fin de proteger el medio ambiente y promover el desarrollo socioeconómico local.
Históricamente, Ecuador ha enfrentado tensiones significativas entre las empresas extractivas y las comunidades, en gran parte, debido a la omisión reiterada de abusos, prácticas corruptas en el sector extractivo y la falta de representación de líderes comunitarios en los procesos de toma de decisiones. En este escenario, el aspecto social ha sido radicalmente marginado y se ha restado importancia a la participación comunitaria en el monitoreo y control de los impactos ecológicos, ambientales y sociales de la extracción.
Se espera que los proyectos extractivos, correctamente gestionados, generen empleo, mejoren la infraestructura, respeten el medio ambiente, proporcionen oportunidades educativas y de salud para las comunidades cercanas y sobre todo que las empresas se vuelvan responsables de los efectos ambientales que generen. Al trabajar en conjunto, se pueden diseñar programas de desarrollo que aprovechen equitativamente y de forma sostenible los beneficios económicos y eviten la desigualdad y marginación vinculada.
En conclusión, en Ecuador, la participación comunitaria no se presenta solo como una imperativa necesidad ética, sino también estratégica. Al reconocer y respetar los derechos fundamentales de las comunidades, no sólo se promueve la equidad, sino que se obliga a las empresas a fomentar una cultura de responsabilidad social, que priorice el respeto a los derechos humanos y medioambientales, asegurando así un desarrollo que sea simultáneamente más equitativo y sostenible.
Referencias:
Abad, J. L. (2016). Consulta libre, previa e informada. Cento de Derechos Económicos y Sociales, CDES .
